La problemática de la falta de viviendas tiene varias patas en la provincia. Una de ellas, el bajo cumplimiento del pago de las cuotas de las casas sociales.
Son 30.000 los beneficiarios de viviendas estatales que deberían pagar mensualmente la cuota, según datos del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. De esos, solo paga un 36%, es decir 10.800.
El principio de la solidaridad, que está implícita en los planes estatales pero que muchos prefieren obviar, tiene como fundamento la sustentabilidad del sistema de construcción de casas sociales.
Las gestiones del presidente Alberto Fernández y del gobernador Sergio Ziliotto tienen una palabra en común: solidaridad. En sus discursos se lanzó este principio como norte para enfrentar de manera colectiva una situación de crisis que dejó el gobierno anterior y que hay que sortear “con todos (y todas) adentro” o, dicho de otro modo, “sin dejar a nadie afuera”.
El gobernador Ziliotto le imprimió su propia impronta. El domingo ante la Legislatura anunció la construcción de 1.000 viviendas sociales y la actualización de los montos de las cuotas. A las horas, durante un acto en Algarrobo del Aguila, afirmó que “muchas familias hoy pueden pagar más de 416 pesos mensuales» de cuota. Es que hay históricamente una alta morosidad en los pagos.
La solidaridad se mezcla con realismo en este caso. Están quienes pagan la cuota, están quienes no la pueden pagar por su situación económica y social, y están quienes pueden pagarla y no lo hacen. Ahora el “con todos adentro” significa que quienes la puedan abonar, y no lo hacen, lo tiene que hacer. «Es necesario -dijo Ziliotto durante el acto- el esfuerzo de todos y estas seis familias que hoy reciben las llaves de sus casas se convierten en el sostén de los que aún esperan”. Ese es el sentido solidario y realista que se pretende con la medida: el pago de la cuota significa la reinversión en nuevas casas sociales.
Es la valoración de un bien social como es el techo propio y la apelación a la responsabilidad social a través del pago de la cuota, ya que lo que ingresa al Estado sirve para hacer nuevas viviendas en La Pampa, más allá del necesario aporte estatal.
Actualmente hay más de 15.000 familias las que están inscriptas en el IPAV y que esperan su techo propio. El gobierno provincial, en tiempos de crisis económicas, podría haber ajustado. Pero tuvo como política hacer hincapié en la presencia del Estado como motor de la economía y del desarrollo provincial. En este modelo, solidaridad y realismo van de la mano: todos y todas deben aportar para salir adelante.