El vicepresidente de la planta de biodiesel de Catriló, Enresa, Tomás Lorda aseguró que de aprobarse la ley ómnibus enviada al Congreso por el presidente Javier Milei pone en riesgo la empresa. «Estamos haciendo todo para explicar cuál es el impacto de esto y explicarle a los distintos bloques para que comprendan los efectos y que cerrarán 27 pymes que están en el interior y la producción va a pasar a ser toda desde Río Cuarto. Vamos a hacer todo el esfuerzo para tratar de modificar esto», afirmó.
Las empresas productoras de biocombustibles del país critican que la desregulación de la actividad planteada en el proyecto de ley va en contra de la ley de biocombustibles, que tiene plazo hasta 2030, al tiempo que abre las importaciones y libera la competencia entre pymes y las grandes cerealeras. Por lo que anticipan que la ley «manda a la quiebra» a 27 pymes que producen para el mercado local y emplean de manera directa a 2000 trabajadores.
«A nosotros nos va a afectar; no vamos a despedir gente pero tendremos que ver cómo repensamos el trabajo», explicó Lorda.
La queja de las pymes que fabrican biodiesel ante la ley ómnibus provocó una reunión con el Gobierno Naconal. El ministro del Interior, Guillermo Francos prometió que no se reducirá el porcentaje de corte en el gasoil y las naftas, y ante el reclamo en bloque, accedió a informar que el Gobierno revisará el proyecto, al menos la decena de artículos, del total de 880 que lo componen. Desde el Ejecutivo nacional explicaron que «en las provincias se malinterpretó el proyecto, el porcentaje de corte no se alterará».
«Lo peor de todo es el cambio constante de las reglas del juego. Es un negocio que está regulado pero siempre cambian las reglas de juego», comentó Lorda en una entrevista radial.
Sobre los que se beneficiarían con la sanción de la ley, dijo que «hay grupos multinacionales y nacionales. Los exportadores son los que mueven toda la soja del país y están concentrados en la cámara de exportadores. Son las mismas empresas en el mismo negocio».
Aseguró que «hoy hay ninguna posibilidad de reconvertir el negocio» y que en total las 27 pymes generan «2.000 puesto de trabajo de manera directa. La infraestructura está localizada en localidades pequeñas».
La intención del Gobierno es desregular todo, eliminar los cupos de las empresas para abastecer el mercado interno y ponerlas en un mano a mano con las petroleras multinacionales a negociar precios. Por otra parte, según marcó Juan Facciano, presidente de Casfer, la cámara que agrupa a los pequeños jugadores del sector, la nueva ley desobligaría a las petroleras a cortar naftas y gasoil con los bio (hoy lo hacen al 7,5% de biodiesel, y al 12% de bioetanol). Y si no, también podrían importarlos al autorizarlas a desembarcar en el negocio del biocombustible. Para las pymes del sector, es casi una sentencia de muerte.