El pueblo de Santa Isabel vivió este jueves un día histórico: el concejo deliberante aprobó, en una sesión especial y por mayoría de 4 votos contra 2, la destitución de la intendenta Marta Paturlanne (Frejupa, peronismo).
La jefa comunal no se presentó a la audiencia, pero envió una nota de descargo por las 25 presuntas irregularidades señaladas por una comisión investigadora. Dijo que no cometió delitos y que por eso no hay elementos para echarla. Sin embargo, en una maniobra que se venia cocinando desde el año pasado y con un final cantado, la desplazaron con 4 votos de concejales del peronismo y del macrismo y 2 en contra del peronismo.
En su lugar, tomó el sillón municipal Guillermo Farana. Afuera del recinto, bajo la lluvia, hubo aplausos de un grupo de pobladores.
La acusación fue impulsada por Farana. Precisamente uno de sus compañeros de boleta en las elecciones de 2019. «No me importa ser intendente. Yo solo quiere que todo sea transparente», dijo Farana, al responder a los señalamientos por su embestida contra la jefa comunal.
Paturlanne – militante de la marinista línea Convergencia y sin experiencia en la gestión política- recibió un pueblo sumido en un grave desmanejo, luego de años de gobierno del verista José Luis Rodríguez.
En ese marco, y bajo la pandemia, tomó una serie de medidas que enojaron a Farana, a sus exsocios políticos ya los opositores. Ya a mediados de 2020, la relación se tensó y el vice decidió avanzar contra Paturlanne. Incluso, a fines del año pasado, logró suspenderla y ocupar el sillón durante un mes. La sesión especial de este jueves comenzó minutos a las 19.20 horas, con una fuerte presencia policial
En un primer momento, los concejales leyeron la acusación de la comisión investigadora. Se trató de una acusación realizada por Berardo Ocejo, con 25 puntos en los que señala presuntas irregularidades.
Entre otras acusaciones, Paturlanne -quien el año ya había sido suspendida por los concejales, aunque luego logró ser repuesta en el cargo por la Justicia-fue imputada de aumentarse su salario y el de sus funcionarios en diciembre de 2019 sin autorización del cuerpo deliberativo (posteriormente decidió donar su salario); de no presentar a tiempo los balances mensuales y rendiciones de cuentas (Nider-posteriormente hubo balances que se presentaron; induso este jueves 25 intento presentar más balances, pero llamativamente el concejo no los aceptó); de no presentar a tiempo los presupuestos; de no responder pedidos de informes; de bonificaciones de tasas a sus allegados; de contratar a empleados en forma irregular; y hasta de pagar unos 80 mil pesos a un vecino por alquileres adeudados del lugar donde se estableció la sede partidaria del PJ, unidad básica de campaña, ajenos al municipio.