Las investigaciones por el llamado Caso Bompadre avanzan en la Justicia. Hay dos causas penales: por un lado, la que lleva la fiscala Cecilia Martiní, es la denuncia de un policía por amenazas y resistencia a la autoridad, y por otro lado, la que tramita el fiscal Máximo Paulucci, que indaga sobre la acusación del empresario por violencia contra un grupo de policías.
Estos hechos ocurrieron el miércoles 5, por la tarde. En el retén de la ruta 5 y el acceso Piombi, tuvo un entredicho con un policía cuando se dirigía en su camioneta a una chacra, a metros de allí. Según dijo el empresario, el uniformado no lo dejó traspasar el control porque iba con su esposa: según el protocolo por el brote de coronavirus de Catriló, solo podía pasar uno.
Allí, reconoció el mismo Bompadre, insultó al uniformado. La Policía agregó que, incluso, casi atropelló con su camioneta al uniformado cuando pegó la vuelta al pueblo en su pickup.
Dejó a su esposa en la casa y, en vez de intentar atravesar el retén, pasó por una chacra de él que se encuentra sobre la ruta 1. Así pudo llegar al predio de su empresa, se bajó de su camioneta y, según la acusación, insultó y amenazó a los gritos a los policías que estaban en el retén.
Unos minutos después irrumpieron policías con armas largas -entre ellos, algunos del Grupo Especial de Operaciones- que se lo llevaron a la comisaría, donde estuvo demorado y le abrieron una causa por atentado, resistencia a la autoridad y amenazas. El empresario denunció que se resistió y que fue golpeado cuando lo estaban esposando.
El, sus familiares y allegados, distribuyeron fotografías de la oficina desordenada, luego de la detención: para ellos, prueban la violencia con la que actuaron los uniformados. Para la Policía, esa escena fue armada.
Por lo pronto Diario Textual pudo confirmar este viernes, de fuentes oficiales, que Martiní tiene ya elementos de prueba que indican que lo que denunció el policía en el retén es cierto: lo respaldaron, con sus declaraciones, dos testigos. Se trata de empleados municipales que se encontraban colaborando con el uniformado en el retén.
Los tres coincidieron que Luis María Bompadre se mostró agresivo y que evadió el puesto de control que se encuentra en la ruta 5 y el acceso Piombi para verificar los ingresos y egresos de la población, en medio de las medidas preventivas para controlar el brote de coronavirus en Catriló que ya tiene unos 70 contagiados. “¡Vení que te cago a trompadas hijo de remil puta!”, le llegó a decir al policía, siempre según esa versión.
Bompadre -con un cúmulo de antecedentes violentos, incluso con una suspensión de juicio a prueba en 2018 por pegarle una trompada a un vecino- va a ser acusado en la próxima semana, pudo saber Diario Textual.
“En el expediente se encuentra acreditado, por el momento, la versión del policía, con dos testigos que dicen lo mismo. Faltan ver las cámaras de seguridad del lugar. Si en las cámaras de seguridad se observa lo que indican estas tres personas, en una semana se realizará la audiencia de formalización (ante un juez o una juez)”, contaron fuentes cercanas al caso.
En esa audiencia de formalización, se le comunicará a Bompadre de qué delitos se lo acusa.
A su vez, el fiscal Paulucci inició de oficio una denuncia por supuesta violencia policial contra el empresario.
Concretamente, Paulucci no está investigando los episodios ocurridos en el retén: tiene que dilucidar los hechos ocurridos en la oficina y dentro de la comisaría. Es decir, si los uniformados lo golpearon.
Ya Bompadre declaró, por teléfono: ratificó que fue violentado por la Policía (aunque Diario Textual no accedió aún a los términos de esa acusación). Ahora se espera que declare su hijo, quien también fue demorado cuando concurrió a la comisaría a averiguar qué le había pasado a su padre.
En el expediente hay otro dato: un médico certificó, cuando lo revisó a Bompadre dentro de la comisaría, que tenía “escoriaciones”. ¿Cómo se produjeron esas lesiones? En principio, eso se debería determinar si fue por el forcejeo o si hubo golpes.
A su vez, los policías involucrados están bajo la mira de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), de Juan Carlos Carola. Dependerá de la investigación de Paulucci para definir, en gran parte, si la FIA recomienda o no sanciones.